Delitos contra los derechos de los trabajadores

Los delitos contra los derechos de los trabajadores son conductas típicas que sancionan a aquellos que incumplen de forma grave la normativa laboral con las conductas que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a otras empresas que sí son cumplidoras.

 

La cuantía defraudada se establece en 50.000 euros durante el periodo de cuatro años naturales, siendo la pena prevista de entre uno a cinco años de prisión para el tipo básico. Existe un sub-tipo agravado previsto para aquellos supuestos en los cuales la cuantía defraudada supera los 50.000 euros, siendo en tal caso la pena de dos a seis años de prisión, con el consiguiente incremento del plazo de prescripción del delito de los cinco a los diez años.

 

Los comportamientos defraudatorios, cuando se trate de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, se tipifican con una penalidad ajustada a la gravedad del hecho: prisión de seis meses a tres años en los supuestos ordinarios, multa del tanto al séxtuplo en los casos que no revistan especial gravedad y prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo en los supuestos agravados. En todos los casos se prevé, además, la imposición al responsable de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social.

 

También se configura como delito, castigado hasta los seis años de prisión, a quienes de forma masiva  recurran a la utilización de trabajadores sin haber formalizado su incorporación al sistema de la Seguridad Social que les corresponda.

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